En Cuba hay presos políticos. Sí que los hay, de a cientos, y al menos 14 de ellos son menores de edad. El gobierno podrá negarlo, pero esos chicos existen y están privados de su libertad. Esos chicos tienen nombres y apellidos, y padres y hermanos y abuelos, y un centro de estudios, y amigos, y tal vez parejas. Deténgase un momento a pensarlo. Mientras usted lee estas palabras, Leosbany, Rubén, Brayan, William, Alexander, Brandon, Jonathan, Kendry, Lázaro, Nelson, Rowland, Yanquier, Yerman y Emiyoslan, todos menores de 18 años, están detenidos desde hace meses. Mientras usted lee desde la comodidad de su casa o en la calle, estos adolescentes están presos por participar en las protestas pacíficas del pasado 11 de julio. Presos por salir a las calles a pedir “Libertad”.
En Cuba hay niños que son presos políticos, y desde el pasado 19 de noviembre, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), parece estar enterado de ello. UNICEF pidió a las autoridades cubanas información sobre estos casos, y divulgó dicha petición en su cuenta en la red social Twitter. Además, mencionó sutilmente una de las “observaciones” que desde hace años realiza el Comité de los Derechos del Niño (CRC) al gobierno cubano: la necesidad de elevar la edad de responsabilidad penal, que en la Isla son los 16 años.
El pronunciamiento de la UNICEF es el resultado de una campaña desplegada por la sociedad civil cubana independiente para visibilizar los casos de los menores de edad presos por motivos políticos. Dicha campaña es desarrollada por activistas, artistas, periodistas independientes, en su inmensa mayoría mujeres. Su eslogan más visible, aquel que convirtieron en tendencia en Twitter, es el hashtag #LibertadParaLosNiñosDel11J.
El activismo se muda a Twitter
No es un secreto que las protestas del 11J fueron precedidas por una tensa situación económica y sanitaria. La escasez de productos de primera necesidad, frecuentes apagones eléctricos y un depauperado sistema de salud fueron algunos elementos característicos de esta crisis, la cual coincidió con la elevación de las tasas de contagios y muertes por la Covid-19. Ante la intención del gobierno de minimizar u omitir la realidad cubana, la sociedad civil independiente decidió visibilizar la crisis en las redes sociales mediante el hashtag #SOSCuba.
El hashtag no tardó en volverse tendencia en Twitter y otras redes sociales, sobre todo desde que fuera replicado por varios artistas de talla internacional como J Balvin, Julieta Venegas, Daddy Yankee, Ricardo Montaner, Natti Natasha, Ricky Martin, Eros Ramazzotti, Keny García, Marc Anthony y Ozuna.
El gobierno cubano, mediante sus medios de propaganda, no tardó en intentar desacreditar el alcance de la campaña, aludiendo a un supuesto uso de bots (programa informático que efectúa automáticamente tareas reiterativas en internet a través de una cadena de comandos o funciones autónomas previas). Los bots, según la versión oficial del gobierno, replicaron el hashtag haciéndose pasar por usuarios reales. Además, cuestionó el hecho de que #SOSCuba comenzara a difundirse desde perfiles en España, sin tener en cuenta que en este país vive buena parte del exilio cubano. Finalmente, expuso que uno de los referentes de la campaña en redes sociales fue Agustín Antonetti, miembro de una organización argentina sin fines de lucro pero de incidencia política de corte liberal y de “derecha” llamada Fundación Libertad.
Para la propaganda del régimen, esta era la “perversa” historia detrás del #SOSCuba. Sin embargo, ni siquiera contempló la idea de que las muestras de solidaridad y el alcance en redes sociales de los artistas internacionales que compartieron el hashtag pudieran haber ayudado a visibilizar la situación real del país. J Balvin, por ejemplo, cuenta con más de 10.1 millones de seguidores en Twitter, mientras Daddy Yankee, por citar otro, tiene más de 15 millones.
El 13 de noviembre, dos días antes de la fecha para la cual la plataforma Archipiélago convocó a la Marcha Cívica por el Cambio, el gobierno divulgó nuevamente la idea de que los criterios en su contra publicados en redes sociales eran producto de bots. Incluso la cuenta en Twitter de la Presidencia de Cuba se hizo eco de esta versión al decir que los bots en esta red social intentaban crear una “falsa realidad”.
#LibertadParaLosNiñosDel11J, que cada vez gana más visibilidad en Twitter, podría no escapar a las historias de conspiraciones del gobierno cubano. Es por ello que YucaByte, en colaboración con el Observatorio Digital Probox (Venezuela), se dio a la tarea de analizar los datos detrás de este hashtag. Probox, nacido como tal en 2019, es un observatorio que analiza información en Twitter para conocer del impacto social real de las publicaciones en esta red social en Venezuela, así como la organicidad de las llamadas tendencias. El proyecto nació a partir de la censura y el cierre masivo de medios de comunicación tradicionales en Venezuela, lo cual provocó que las redes sociales, en especial Twitter, se convirtieran en “una fuente de información y una ventana de expresión para los ciudadanos y la protesta digital”.
Según el informe realizado por Probox a petición de YucaByte, la tendencia #LibertadParaLosNiñosDel11J se posicionó en Twitter el pasado 21 de noviembre. El estudio registró ese día 14.000 tuits con la etiqueta, de los cuales solo un 2% habían sido emitidos por bots. “#LibertadParaLosNiñosDel11J se trató de una tendencia con muy poco contenido inorgánico, es decir, producido por usuarios bot”, concluye el informe.
Los datos analizados revelaron que la etiqueta tuvo su origen en un tuit realizado desde España, pero perteneciente al perfil de la artista y activista cubana de 30 años Salomé García Bacallao. La publicación, realizada el 20 de noviembre de 2021, refiere a los métodos de represión ejercidos sobre Yudinela Castro, quien fue sitiada por la policía política los días 14 y 15 de noviembre para evitar que exigiera la liberación de su hijo incorporándose a la Marcha Cívica por el Cambio. Yudinela es la madre de Rowland Jesús Castillo Castro, de 17 años, preso desde el pasado 16 de julio y acusado de sedición, por lo cual la Fiscalía le pide una sanción de 23 años de privación de libertad.
Deténgase otra vez, e intente digerir esto: mientras yo escribo y usted lee, Rowland, un adolescente cubano, cumple una sanción mayor que los años de vida que tiene por pedirle pacíficamente “Libertad” a un régimen autoritario.
Cuba, la niñez y lo que podemos hacer
La presión internacional, en el contexto cubano, es una de las alternativas más viables para lograr la liberación de los menores de edad detenidos. Si hacia algún lugar deben ir enfocados los esfuerzos de la sociedad civil para conseguirlo, es a los altos organismos internacionales relacionados con estos asuntos, específicamente a la UNICEF y al CRC. Sin embargo, primero es necesario comprender cómo hacerlo, explica la jurista y directora de Cubalex, Laritza Diversent.
En el examen al que se sometió el Estado cubano ante el CRC en 2011, le fueron hechas ciertas observaciones en base a problemas con el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño en el país. Una de las cuestiones señaladas fue que en la Isla no se tomaban suficientes medidas para velar porque los adolescentes de entre 16 y 18 años fueran tratados como niños y no como adultos en el sistema de justicia penal. Además, el CRC hizo especial énfasis en la obligación del Estado cubano de respetar la independencia de la sociedad civil y sus organizaciones para que estas pudieran “elaborar y formular sus propias opiniones” sobre cómo aplicar la Convención.
En 2015, los expertos del CRC volvieron a mirar hacia Cuba. Esta vez pidieron al Estado cubano que redefiniera la edad de responsabilidad de penal y que tomara medidas para que el desarrollo de la industria hotelera no fomentara el turismo sexual infantil. También se mostraron preocupados por el hecho de que los menores de edad en la Isla deban, de forma obligatoria, inscribirse en el Servicio Militar. Además, pidieron información a las autoridades cubanas sobre las escuelas militares “Camilo Cienfuegos” y sobre los avances en la independencia de la sociedad civil. Finalmente, le recordaron al Estado su no ratificación del Estatuto de Roma, el cual establece la constitución de una Corte Penal Internacional de carácter permanente con facultades para juzgar crímenes de lesa humanidad, genocidios, crímenes de guerra y de agresión. La parte cubana contestó a estas observaciones diciendo que las organizaciones de la sociedad civil tienen independencia y potestad para “recibir, tramitar y responder cualquier tipo de denuncia individual” de violaciones de los derechos de las niñas y niños; y que en las escuelas militares se enseñaban materias como “derecho internacional humanitario”, por lo que los alumnos no eran tratados como militares ni tenían contacto alguno con armas de fuego.
Aunque la respuesta del Estado cubano estuvo plagada de falsedades poco o nada pudo hacer la CRC, cuyo papel se limita a realizar observaciones y recomendaciones públicas. Sin embargo, la activación de estos mecanismos burocráticos pudiera ser efectiva para ejercer presión sobre el régimen en materia de respeto a la Convención.
Fuente: yucabyte
Daniel Aleart 