CASO ORELLANO: Comunicado de la ASOCIACIÓN DE FISCALES Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN

“La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación hace pública su preocupación respecto de ciertas manifestaciones públicas en relación a la investigación judicial sobre la muerte del joven Carlos Orellano”.

“En primer lugar, expresamos nuestro sincero respeto y solidaridad con el dolor y la incertidumbre que atraviesa la familia del joven Orellano y en nuestra condición de fiscales de la provincia, reafirmamos nuestra clara voluntad, convicción y fuerza institucional orientada al esclarecimiento del hecho, y en su caso, a la determinación de las responsabilidades penales que correspondan”.

“Además, reivindicamos la libertad pública de expresión, que incluye la libertad de interpelar y criticar, justa o injustamente, la actuación de los funcionarios del Estado y de los fiscales en particular. Asumimos como parte de nuestro trabajo cotidiano el escrutinio de las víctimas, de las personas usuarias del sistema de justicia y del público en general. No obstante, nos resulta imposible conocer sin repudiar, las diversas manifestaciones públicas plasmadas en medios de comunicación y redes sociales formuladas por personas que tienen responsabilidades funcionales y sociales, tales como profesionales del derecho, funcionarios estatales y auxiliares de la justicia, quienes han hecho afirmaciones temerarias y contradictorias con los procedimientos que marcan las leyes procesales de la provincia. Todo lo actuado en la causa Orellano ha cumplimentado fielmente la legislación vigente y los protocolos de actuación internos del Ministerio Público de la Acusación, como así también las practicas habituales en este tipo de casos. Las autoridades superiores del MPA han estado al tanto, y avalado en su totalidad cada decisión, habiendo convocado incluso la intervención judicial, como garantía de la legalidad de las diligencias probatorias practicadas. Este tipo de manifestaciones, sin ningún tipo de sustento, han tomado la forma de diatribas contra el sistema de justicia penal y sus funcionarios, y resultan irresponsables en boca de personas que deben actuar conforme a pautas profesionales y éticas”.

“Sostenemos que este tipo de actitudes en nada contribuye a fortalecer la acción de la justicia o el Estado de Derecho y que, en cambio, tienen por efecto generar o incrementar la falta de sosiego de la comunidad, en un entorno social objetivamente delicado e inestable”.