Evo Morales y su obra. Polémica por políticas ambientales y más de 5 millones de ha arrasadas |

Los incendios forestales que devastaron la Chiquitanía y El Chaco marcaron un antes y un después en la discusión ambiental de Bolivia. El desastre que mantuvo al país en emergencia por más de dos meses finalizó con un resultado trágico: 5.3 millones de hectáreas se quemaron en todo el país.

“Ha sido un año muy negro para Bolivia”, dice Miguel Ángel Crespo, director de Productividad Biosfera Medio Ambiente (Probioma), al hacer un balance del 2019 en términos ambientales y recordar los cinco millones de territorio calcinado.

La crisis ambiental estuvo acompañada de una crisis política. Semanas antes de las elecciones, mientras se incendiaban los bosques de Bolivia, la opinión pública parecía darle la espalda a Morales influenciada por lo que muchos analistas han llamado el “efecto político de la Chiquitanía”. En medio de protestas por los resultados electorales y disturbios sociales, Evo Morales renunció finalmente a la presidencia.

Sin embargo, más allá de los incendios, el 2019 fue un año controversial en el panorama ambiental. Normas polémicas, protestas contra proyectos extractivos, amenazas a las áreas protegidas y conflictos por el litio marcaron la agenda de este año.

Lo malo: territorio devastado por el fuego

Más de cinco millones de hectáreas del bosque seco tropical Chiquitano y del Gran Chaco Americano fueron arrasados como consecuencia de los incendios forestales sin precedentes que se iniciaron a fines de julio y se extendieron hasta setiembre.

Las imágenes de árboles calcinados y animales que no lograron escapar del fuego dieron la vuelta al mundo. Durante semanas, bomberos, voluntarios, personal del Ejército y la población local trataron de controlar el fuego pero los esfuerzos resultaron inútiles.

“Evo Morales y su gobierno se negaron a declarar desastre nacional”, afirma Crespo al recordar  el pedido permanente que los bolivianos hicieron para que el gobierno del expresidente tomara acciones concretas cuando la emergencia empezaba. Recién el 21 de agosto, cuando ya se habían perdido casi un millón de hectáreas, el gobierno de Evo Morales ordenó que se utilizaran aviones para combatir los incendios.

Al final, 5.3 millones de hectáreas de bosque desaparecieron. De ellos, 3.9 millones corresponden al departamento de Santa Cruz y 1.2 millones al Beni, según un informe de la Fundación Amigos por la Naturaleza, del 27 de setiembre.

“Por lo menos 40 millones de árboles se quemaron y miles de animales murieron incinerados. Se han encontrado aves que volaron cientos de kilómetros para salvarse del fuego”, señala Pablo Solón, director de la Fundación Solón.

La Chiquitanía es el bosque seco tropical más extenso y uno de los mejor conservados en el mundo, que ocupa 20 millones de hectáreas de Bolivia. Solón lamenta “la pérdida de esta biodiversidad única en el mundo” y se pregunta cómo evitar que una situación igual se repita el próximo año, cuando nuevamente se inicien las quemas o “chaqueos”, que tienen como fin despejar el terreno para la actividad agrícola y ganadera.

Aunque los chaqueos son una práctica común en la zona, este año el gobierno de Morales autorizó la ampliación de la frontera agropecuaria y las quemas controladas, medidas que según los expertos consultados,  actuaron como detonante de la tragedia.

“Las modificaciones en la norma del cambio de uso de suelo en Santa Cruz y en el Beni que amplió la frontera no solo agrícola sino extractiva a los sectores mineros tuvo como consecuencia este desastre en la Chiquitanía”, dice Pablo Villegas, responsable de investigación del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib). “Dije que iba a ser una catástrofe y eso fue”, agrega.

Los incendios forestales destruyeron también bosques en áreas naturales protegidas. Una de ellas fue el Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu, en el Gran Chaco boliviano, que apenas había sido categorizada meses antes, en mayo de este año.

Incendios forestales también afectaron áreas naturales protegidas. (Foto: Fundación Nativa)

Incendios forestales también afectaron áreas naturales protegidas. (Foto: Fundación Nativa)

“Ha sido calamitoso, un hecho calificado de biocidio y etnocidio. Recursos fundamentales como el agua de los ríos han quedado contaminados y los peces están muriendo”, agrega Ruth Alipaz, líder indígena de la Coordinadora de Defensa de Territorios Indígena, Originario, Campesino y Áreas Protegidas (Contiocap).

En abril del 2019, un informe publicado por el World Resources Institute (WRI) reveló que Bolivia se ubicaba en el quinto lugar entre los países que perdieron mayor cobertura forestal en el mundo durante el 2018. Después de los incendios forestales, las cifras se han elevado exponencialmente.

Lo polémico: la política ambiental de Evo

En marzo de este año, el gobierno de Evo Morales firmó un acuerdo con los agroindustriales de Santa Cruz, mediante el cual autorizaba el uso de soya genéticamente modificada. La negociación significaba también ampliar la frontera agrícola en 250 000 hectáreas. La decisión fue criticada por los expertos. Pero no fue la única controversial. En julio el presidente Morales modificó el Decreto Supremo 26075 para que se autorice el cambio de uso de suelo en Santa Cruz y El Beni con fines agropecuarios y las quemas controladas.

“Evo Morales dejó un gobierno con un pasivo ambiental impresionante y bárbaro como no se ha visto nunca. Y eso que era defensor de la Madre Tierra”, dice Crespo de Probiomas. El ambientalista asegura, además, que el gobierno de Morales consolidó políticas públicas subordinadas a los intereses del agronegocio y que la ampliación de la frontera agrícola fue una decisión “en desmedro de bolivianos, cuando no era necesario hacerlo”.

Para Pablo Solón estas normas del gobierno anterior deben ser derogadas y se deben suspender las actividades que tienen incidencia en la deforestación. “Se debe frenar el envío de carne a China y frenar la producción de soya, actividades que incentivan la deforestación”.

De hecho, mientras los bosques bolivianos aún ardían,  Morales anunció el primer envío de carne a China, un negocio que el expresidente promovió decididamente durante su mandato.

Las decisiones tomadas por Morales durante el 2019 confirman la orientación que el gobierno del expresidente había tomado en temas ambientales, una política que  se contradecía claramente con la defensa del medio ambiente que aseguraba seguir.

Las contradicciones en la política ambiental de los 14 años de gobierno de Morales fueron reseñadas en la investigación Un año crucial para la política de la conservación en Bolivia, que se publicó en mayo de este año en la revista científica Nature Ecology and Evolution.

En el estudio se precisa que en el 2010 cuando se aprueba la Ley de los Derechos de la Madre Tierra, también se autoriza la construcción de la carretera que divide en dos el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

La investigación indica que por lo menos nueve áreas protegidas en la Amazonía boliviana ya están fragmentadas por las carreteras, además, nueve proyectos de hidroeléctricas están ubicados dentro de áreas protegidas o a menos de cinco kilómetros de ellas.

“Las decisiones políticas apuntaban y permitían una visión de país que significaba entregar Bolivia al agronegocio”, sostiene Vincent Vos, biólogo e investigador en Riberalta, en el Beni.

 

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