Solicitaron la elevación a juicio de nueve personas acusadas por millonarias maniobras de lavado de activos provenientes del tráfico internacional de estupefacientes |

El pedido alcanza a Mateo Corvo, María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín, viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria, y al ex jugador de fútbol Mauricio Serna, quienes habrían realizado un aporte “esencial” para inyectar en el país fondos del narcotraficante José Bayron Piedrahita Ceballos, vinculado al líder del Cartel de Medellín. De acuerdo a la investigación, la organización criminal funcionó al menos desde 2008 hasta septiembre de 2017, período durante el cual invirtió y administró millonarias sumas de dinero a través de emprendimientos inmobiliarios en la zona de Pilar y la explotación de locales gastronómicos y de espectáculos, entre otras actividades.

Los fiscales federales Sebastián Basso, a cargo de la Fiscalía Federal n°1 de Morón, y Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminaldad (Procunar), con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), solicitaron la elevación a juicio de nueve personas acusadas de llevar adelante maniobras vinculadas al lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional.

En el escrito presentado en el día de la fecha ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n°3 de Morón, los fiscales  imputaron a José Bayron Piedrahita Ceballos, Mateo Corvo Dolcet, María de los Ángeles Verta, María Gabriela Sánchez y Pedro Antonio Ruíz,  el haber integrado una asociación criminal de corte internacional que operó en el territorio argentino desde al menos el año 2008 -fecha en la que se detectaron las primeras inyecciones de fondos- hasta el pasado 29 de septiembre del 2017, dedicada a poner en circulación en el sistema financiero local bienes provenientes de maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes que cometió el ciudadano colombiano Piedrahita Ceballos por fuera de los límites del territorio, específicamente en la República de Colombia y en los Estados Unidos de América, con el objeto de otorgarles apariencia lícita.

Sostuvieron que para ello, la empresa criminal se valió de una serie de actos tales como la conversión, la transferencia, la administración, la venta, el gravamen, la disimulación, entre otros medios idóneos  llevados adelante en nombre propio, y mediante la utilización de –al menos- la firma panameña “Distry Panamá S.A.”, y las sociedades locales “Insula Urbana S.A.” (y sus predecesoras), “Pilar Bicentenario S.A.”, “MCD Inversiones y Representaciones S.A.”, “Tango Suite S.A.”, y “Club Monserrat S.A.”, a través de las que lograron ingresar al sistema financiero argentino sumas que alcanzaron los –cuanto menos- U$S 3.081.164 y $1.713.035,15.

Por otro lado, se les atribuyó a María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín Santos, el haber efectuado un aporte de naturaleza esencial para el cumplimiento de los objetivos criminales de la estructura ilícita mencionada, al haber sido quienes durante el año 2007 introdujeron y unieron -en un primer momento- los intereses de José Bayron Piedrahita Ceballos y Mateo Corvo Dolcet, con el fin de que se materialicen las variadas conductas de aplicación de fondos de origen ilícito corroboradas en autos, a sabiendas de su procedencia vinculada con el tráfico ilícito de drogas.

También se le endilgó a Mauricio Alberto Serna Valencia el haber realizado un aporte esencial para el cumplimiento de los objetivos criminales de la estructura ilícita mencionada, al haberle entregado a un precio irrisorio y ficticio, al ciudadano José Bayron Piedrahita Ceballos los derechos posesorios de un inmueble situado en el paraje denominado “El Campito” -actualmente identificado como “Club de Campo San Diego”-, y dos lotes del “Barrio Terravista S.A.”, los cuales tenía bajo su propiedad, pero pertenecían realmente al ex jefe de la Oficina de Envigado Carlos María Aguilar.

Finalmente, se le imputó al acusado Esteban Adrián Delrio el haber puesto en circulación en el sistema financiero local bienes provenientes de maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes que cometió Piedrahita Ceballos por fuera de los límites del territorio, específicamente en la República de Colombia y en los Estados Unidos de América, con el objeto de otorgarles apariencia lícita.

La investigación

El caso se inició a raíz de una investigación preliminar desarrollada por la Procunar, a partir de información provista por el Departamento de Justicia de Estados Unidos respecto a una pesquisa que se desarrollaba en Colombia, de la cual surgían sospechosos vínculos de José Bayron Piedrahita Ceballos con personas físicas y jurídicas en nuestro país.

Piedrahita Ceballos figura en el listado de la “Foreign Narcotics Kingpin Designation Act” del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, señalado como patrón de organizaciones narcocriminales colombianas, y por haber colaborado con la estructura criminal denominada “La Oficina de Envigado”, grupo que, a su vez, estaba vinculado con los carteles de Medellín, Sinaloa y las Autodefensas Unidas de Colombia.

El devenir de la investigación en Argentina permitió establecer que Piedrahita Ceballos y su entorno tenían contactos con el grupo económico que lideraba el abogado Mateo Corvo Colcet quien, a través de un conjunto de sociedades comerciales, canalizaría y administraría los fondos provenientes del narcotráfico en dos rubros bien diferenciados entre sí: por un lado, ambiciosos emprendimientos inmobiliarios en el partido bonaerense de Pilar (“Country Urbano”, “Pilar Bicentenario” e “Ínsula Urbana”), por el otro, la actividad de servicios de bar/confitería y producción de espectáculos por medio de sociedades encabezadas por el imputado Antonio Pedro Ruíz. Este último rubro incluye la explotación del espacio gastronómico cultural “El Café de los Angelitos”.

Del cruce de información se pudo establecer que Santos Caballero, Marroquín Santos y Serna Valencia efectuaron un aporte esencial para que la organización pudiera poner en circulación en el sistema financiero argentino, bienes provenientes de maniobras de narcotráfico desplegadas en Colombia y los Estados Unidos, con el objeto de que adquiriesen apariencia de lícitos. Para ello, los imputados habrían desarrollado una serie de actos tales como conversión, transferencia, venta, gravamen, disimulación, compra, venta y recompra de acciones.

Calificación legal

A la hora de disponer el procesamiento, el juez Barral coincidió con el encuadramiento del MPF y, además, dispuso el embargo de $200.000.000 y el decomiso definitivo de los bienes reconocidos como procedentes y de uso ilícito por parte del imputado arrepentido, en los términos del artículo 305 del Código Penal.

La resolución decretó así el procesamiento con prisión preventiva de Piedrahita Ceballos, como co-autor penalmente responsable del delito de lavado de activos, agravado por ser miembro de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza, previsto y penado en el art. 303 inciso 2do., apartado “a”, del Código Penal (arts. 45 del C.P. y arts. 306 y 312 del C.P.P.N.).

Jerarquía del Cartel de Medellín

A lo largo de su dictamen, el MPF recordó que Piedrahita Ceballos “fue señalado como una persona que ocupaba cargos jerárquicos dentro de todas las estructuras criminales que integró desde –cuanto menos- los años ‘90, y podríamos presumir que fue esa predilecta ubicación la que le permitió conocer a ESCOBAR GAVIRIA”. “Tengamos en cuenta -continuaron- que ese mismo posicionamiento fue el que a posteriori le permitió escalar en las altas esferas del Cartel de Cali, y laborar junto a los hermanos Rodríguez Orejuela”.

 

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